29/5/16

LOS MUNICIPIOS SI PODRÁN DECIDIR SOBRE SUS AREAS DE EXPLOTACIÓN MINERA

Con el fallo de la Corte Constitucional, se caen los efectos del perverso artículo 37 de la ley 685 del 2001, artículo que ya había sido demandado en el año 2014 y que la sentencia C 123 había declarado exequible con el condicionamiento de establecer acuerdos entre el estado central y los entes territoriales para proteger el medio ambiente y las reservas acuíferas. Esto junto a la obligación de las consultas previas, pondrán en cintura la feria de entrega masiva de licencias de exploración y explotación minera sin el consenso de las comunidades. Hecho que ocurrió durante el nefasto período de Uribe Velez socio de la Gran Colombia Gold y de Medoro Resources.... con razón los hijos de Uribe visitaban tanto el sector de la Palma en Marmato en el montaje de Mineros Nacionales.

Corte Constitucional determinó que los entes territoriales podrán prohibir actividades mineras

El alto tribunal tumbó el artículo 37 del Código Minero.



TOMADO TEXTUAL DEL DIARIO EL ESPECTADOR 25 DE MAYO 2016

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el artículo 37 de la ley 685 de 2001 en el que se prohibía a los entes territoriales negarse a proyectos mineros que se desarrollaran en sus territorios.
Con una votación se tumbó la ponencia del magistrado Alejandro Linares que pedía declarar exequible la restricción para que las autoridades regionales fueran quienes decidieran qué zonas estarían excluidas de manera permanente o transitoria de estas actividades mineras.
Con esta decisión los gobernadores, alcaldes y concejos pueden negarse al desarrollo de proyectos mineros en sus regiones, pese a que el Gobierno Nacional no esté de acuerdo.
El artículo fue demandado por dos estudiantes de la Universidad de Antioquia que argumentaron que se vulneraba el principio de la autonomía territorial que defiende la Constitución, puesto que se imponía la voluntad del poder central.
En el debate jurídico se indicó que dicho artículo del Código Minero afectaba el derecho que tienen las autoridades civiles de las poblaciones y los departamentos para decidir sobre las actividades políticas y económicas en sus territorios.
En la próxima sesión la magistrada Gloria Stella Ortiz será la encargada de elaborar una nueva ponencia con la postura mayoritaria de la Corte Constitucional.